Afirma el producto 56 de la Constitución, el primero que relata su figura en nuestra Ley Primordial, que «el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia», que «arbitra y modera el desempeño regular de las instituciones», que «acepta la mucho más alta representación del Estado español en las relaciones de todo el mundo, en especial con las naciones de su red social histórica» y que «ejercita las funcionalidades que le atribuyen de manera expresa la Constitución y las leyes». Es a ese título de símbolo de la unidad y permanencia del Estado de árbitro y al de moderador del desempeño regular de las instituciones al que se acoge el mensaje de Nochebuena del Rey. Antes de aplicarnos a juzgarlo críticamente convendría determinar las condiciones en que se emite y comprender que su redacción así debe de recibir la aprobación del Gobierno.
Tendría enorme valor noticioso entender quién recibió el encargo de la Casa del Rey de elaborar el primer boceto del artículo, bajo qué directivas básicas y de qué manera fueron los viajes de ida y vuelta que logró entre el palacio de la Zarzuela y el de la Moncloa, qué supresiones y qué sumes fueron sugeridas por el Gobierno y exactamente en qué razonamientos se mantenían. Si hubo algún punto de fricción de particular importancia y cuál fue la cuestión en que estuvo centrado. Tal es así que para valorar las reacciones que el mensaje del Rey Felipe ha provocado debe tenerse presente que el Gobierno, en la medida en que mantiene la supervisión del mensaje, tiene poco margen para manifestar disconformidades. Cuando menos, la ingrediente «sanchista»del Gobierno pues la otra ingrediente, la «yolandista», igual que los socios parlamentarios -nacionalistas catalanes, de Junts y de ERC, y nacionalistas vascos de EH Bildu y de PNV-, se agradan en descolocar a Pedro Sánchez y si el descoloque supone humillarle mejor.